UNIVERSIDAD DEL CONOCIMIENTO
El plan se estructura sobre 4 principios
fundamentales: sociedad, educación, producción y trabajo digno. A partir
de ello se desglosan las “12 Revoluciones”
El
pasado 1 de octubre en la V Convención Nacional del Movimiento Alianza
PAIS se presentó el plan del gobierno para el período 2017-2021. El
mismo inicia con un recorrido histórico por lo que se ha denominado la
“Década Ganada” desde que el gobierno de la Revolución Ciudadana ganó
las elecciones en 2006. Entre los logros se destacan: la reducción de la
pobreza en todas sus formas (por consumo, por ingreso, por necesidades
básicas insatisfechas y la pobreza multidimensional) como así también de
la desigualdad, el crecimiento sostenido de la inversión pública y la
ampliación del sistema vial en todo el Ecuador. Uno de los logros más
importantes ha sido en el ámbito educativo siendo Ecuador el país que
más invierte en educación superior en toda la región.
El plan se estructura sobre 4 principios fundamentales: sociedad, educación, producción y trabajo digno. A partir de ello se desglosan las “12 Revoluciones”: Revolución Política, Revolución Ética, Revolución Económica Productiva y del Trabajo, Revolución Agraria, Revolución Social, Revolución Ecológica, Revolución del Conocimiento y las Capacidades, Revolución Cultural, Revolución de la Justicia, la Seguridad y la Convivencia, Revolución Urbana y de los Territorios, Revolución de la Soberanía y la Integración, y Revolución de la Juventud.
En conjunto, el plan de gobierno para el periodo 2017 – 2021 presenta algunas continuidades con lo que han sido el eje de las políticas públicas durante los 9 años de gobierno de la Revolución Ciudadana al mismo tiempo que presenta algunas innovaciones y orientaciones específicas.
Revolución Ética y Revolución Política
La Revolución Ética y la Revolución Política cuentan con varios aspectos que se entrelazan entre sí para dar cuerpo a dos conceptos fundamentales: el del protagonismo de la sociedad frente al del Estado y el de la democracia radical. En el primer caso, el programa parte de la premisa de que resulta insuficiente un Estado al servicio del pueblo: el pueblo precisa ser corresponsable del cambio, protagonista, y esto sólo es posible si hay más sociedad que Estado ya que, de lo contrario, cualquier cambio programático será pasajero. El poder del pueblo no sólo debe materializarse en la elección de representantes sino en el protagonismo permanente mediante su potencialidad asociativa, cooperativista y participativa. El programa promueve, además, la construcción de una corresponsabilidad de gobierno entre el sistema político y el pueblo que fortalezca el compromiso de los servidores públicos con la ciudadanía. Y, a su vez, un pueblo organizado que sienta que el Estado le pertenece como un bien público, que participe activamente, vigile y controle los asuntos de interés público.
La democracia radical que propugna el programa aglutina estos elementos del empoderamiento popular y de corresponsabilidad con la dimensión material de la práctica y de la ética democrática. Se establece claramente que “no puede haber democracia cuando la mayoría de la población no tiene opciones de elegir el tipo de vida que quiere llevar adelante. Democracia es, primero, justicia económica y social” (Página 16). Por lo tanto, radicalizar la democracia implica, también, gobernar los mercados, controlar los monopolios y regular los capitales para ponerlos al servicio del bien común y del trabajo. Así, el aparato del Estado y el pueblo organizado e integrado deben promover el acceso equitativo a los medios de producción, la redistribución y supresión de privilegios o desigualdades en su acceso. Parte de este propósito fue anunciado por el Presidente Correa en su último mensaje al pueblo ecuatoriano, destacando el Pacto Ético, necesario para una democracia saludable [1].
Revolución Económica Productiva y del Trabajo
En este campo, un punto importante es lo que se refiere al acceso democrático a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En este sentido, el plan propone conseguir que al menos el 80 % de la población cuente con acceso al uso de la tecnología 4G, dotando de acceso a Internet a 100 % de las escuelas, manteniendo sitios públicos de uso de las TIC.
Sobre ello habría que tener en cuenta que los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC) dan cuenta que para 2015 el 89,5% de los hogares poseía al menos un teléfono celular, 7,8 puntos más que lo registrado en el 2012. Mientras que el 52, 5 % de la población dispone de una computadora. Aunque solo el 32,8% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet. Aun cuando signifique el incremento de 10, 3 puntos en comparación con 2006, el acceso a internet sigue siendo desigual según se trate de espacios urbanos o rurales. Mientras que en el ámbito urbano el acceso a internet es de 41, 0%; en el ámbito rural es solo del 13, 7 % [2].
Revolución Agraria
Coloca el énfasis en la necesidad de avanzar en la diversificación productiva, mejorar el acceso a la tierra y al agua de riego y al crédito. Si bien se reconocen los avances en salud y educación, también es cierto que en las zonas rurales aún persisten agudas condiciones sociales.
De acuerdo al Censo de 2010 Ecuador cuenta con 14.483.499 habitantes. De ellos, 5.392.713 habitan en las zonas rurales. Lo que representa aproximadamente el 20 % del padrón electoral de cara a las elecciones de febrero de 20117. No obstante, en 12 de las 24 provincias del Ecuador la población rural supera a la urbana. Es el caso de Bolívar (131.849 frente a 51.792); Cañar (130.659 contra 94.525); Cotopaxi (288.235 frente a 120.970); Chimborazo (271.462 frente a 187.119); Esmeraldas (269.002 frente a 265.090); Morona Santiago (98.281 frente a 49.659); Napo (68.264 frente a 35.433); Pastaza (47.006 frente a 36.927); Tungurahua (299.037 frente a 205.546); Zamora Chinchipe (55.213 frente a 36.163); Sucumbíos (103.432 frente a 73.040); Orellana (80.468 frente a 55.928) [3].
Revolución Social
En lo que respecta a la “Revolución Social” el plan se enfoca en la política de promoción sexual y reproductiva, otorgando prioridad a la prevención del embarazo adolescente. Ello no es un tema menor en tanto en Ecuador, de acuerdo al Censo de 2010, el 18 % de todos los nacimientos provenían de mujeres entre 12 y 19 años. Ello hace que la tendencia de la fecundidad adolescente sea la más alta de la subregión Andina, llegando a 100 por 1.000 nacidos vivos.
Además, la fecundidad adolescente llega a ser hasta cuatro veces más alta entre aquellas madres que no tienen educación (43% comparadas con los de niveles educativos más altos: 11% con secundaria completa).
La “Revolución Social” también incluye acciones en contra de la malnutrición infantil. En esta problemática se han registrado avances: entre 2000 y 2010, la desnutrición crónica descendió del 30% al 23%. Si para comienzos de la década, 4 de cada 10 niños y niñas sufrían de desnutrición en las zonas rurales del país, en el año 2010 3 de cada 10 niños sufren de desnutrición. Dicha problemática afecta principalmente a los niños y niñas en situación de pobreza extrema, particularmente en las comunidades indígenas donde la desnutrición crónica y global, tienen una prevalencia de 58% y 15%, respectivamente.
Este apartado también hace referencia a la necesidad de garantizar “vivienda digna” para todos los habitantes. Al respecto, el Atlas de las Desigualdades señalaba en 2013 que las condiciones de habitabilidad del ámbito rural se encontraban en desventaja con el ámbito urbano ya que solo el 24, 4 % de viviendas cuentan con agua potable en su interior frente al 64, 5 del ámbito urbano [4].
Un informe elaborado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) [5] a fines de 2015 establecía que teniendo en cuenta las tasas de crecimiento poblacional, el déficit de vivienda estimado por nuevos hogares llegaría a un total de 2.742.247 viviendas, con mayor afectación en las ciudades más importantes tales como Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Manta, Portoviejo, Ambato, Cuenca, Machala y Loja [6].
Pero probablemente la inclusión más significativa en la Revolución Social sea la de luchar por la erradicación de toda forma de violencia hacia mujeres, niñas y niños. En este sentido, la última Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres realizada en 2011, determinó que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún episodio de violencia de género, sobre todo de violencia psicológica (53,9 % de las mujeres) [7].
Revolución Ecológica
El Programa se compromete a defender el Derecho de los y las ecuatorianas a vivir en un ambiente sano y compatible con la vida, entendiendo que la Naturaleza no es una mercancía, sino que está por encima de la economía. Los compromisos establecidos en el plan consisten en utilizar los recursos de manera sostenible y proteger la biodiversidad, integrando la Naturaleza a una economía solidaria que respete el medioambiente. Además, se propone la utilización de tecnologías ambientalmente limpias, la ampliación de la eficiencia energética y de las energías renovables, así como la prevención, control y mitigación de la contaminación. Todos estos propósitos tendrán buenos resultados si, además, se mejora la capacidad institucional para contar con estadísticas ambientales completas y actualizadas.
Ya en el ámbito internacional, el Programa promueve tres medidas: la que contribuye a saldar la deuda ecológica entre los países ricos y los países pobres mediante el pago de los primeros a los segundos por evitar las emisiones de dióxido de carbono; la conocida como Daly-Correa, que establece un gravamen del 3% la producción de crudo de los países de la OPEP y la que promueve la creación de una Corte Penal Internacional de Justicia Ambiental. La misma permitiría juzgar a los ciudadanos que representen las empresas multinacionales acusadas de estos delitos ambientales de lesa humanidad y su captura, en caso de rebeldía, sería inevitable sin importar si el país poderoso es firmante del tratado que crea el Tribunal [8]. Este tipo de medidas están dirigidas a mejorar la calidad medioambiental y revertir las desigualdades internacionales en la materia.
Revolución del Conocimiento y las Capacidades
El plan reconoce que Ecuador ha sido el país que más invierte en educación superior en toda la región. Entre 2007 y 2016, la inversión pública en educación superior pasó del 1 al 2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implica casi 14 mil millones de dólares. De esta forma, Ecuador presenta un gasto público en educación superior como porcentaje del PIB superior al de Argentina (1,0%), Brasil (1,0%), México (0,9%), Colombia (0,9%) y Uruguay (1,2%)
.
Pese a ello, aún persiste la brecha de desigualdad en el acceso a la educación superior: en 2001, en el ámbito urbano el acceso era de 33, 9 % y en 2010 fue de 50, 9 %. Mientras que, en el ámbito rural, si en 2001 era solo de 8,2 % en 2010 llegó a 19, 0 %.
En lo que respecta a escolarización básica la cobertura es de casi el 95 %. Es decir, no existen brechas de acceso a la educación básica entre las áreas urbanas y las rurales como tampoco entre hombres y mujeres o debido a la pertenencia étnico – cultural. Sin embargo, este porcentaje disminuye al 55 % cuando se trata de la tasa neta de escolarización de bachillerato de 15 a 17 años: en el ámbito urbano, la tasa es de 62 %, en lo rural es solo del 44 %.
Aunque también es cierto que ha habido avances durante estos 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana: en lo que respecta al ámbito urbano, en 2001 la tasa neta de asistencia al bachillerato era de 47, 9% y en 2010 fue de 67, 9%. Mientras que, en el ámbito rural, si en 2001 era solo de 23, 2% en 2010 llegó 48, 5 %. Sin embargo, aún persisten las diferencias debido a la pertenencia étnico-cultural: la media nacional de asistencia al bachillerato es del 60,6%. Pero si se considera la población indígena la cifra desciende 16 puntos y 11 entre la afroecuatoriana.
El plan también menciona la necesidad de evitar la deserción escolar, teniendo en cuenta que entre los 15 y los 18 años de edad, la matrícula escolar desciende al menos en un 30 %.
Revolución Cultural
En este campo, el plan se refiere a la necesidad de avanzar en la democratización del acceso a frecuencias y evitar el monopolio de la propiedad de los medios de comunicación. La Ley Orgánica de Comunicación (LOC), vigente desde el mes de junio de 2013, contiene 119 artículos y 24 disposiciones transitorias. Uno de sus puntos principales es la distribución equitativa de frecuencias del espectro radioeléctrico: 33% para los medios públicos, 33% para los privados y 34% para los medios comunitarios. Para abril de 2015, de 1.419 medios registrados en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación (CORDICOM) solo el 4% eran medios comunitarios.
Revolución de la Justicia, la Seguridad y la Convivencia
En el caso de la “Revolución de la Justicia, la Seguridad y la Convivencia”, es necesario tener en cuenta que la Justicia ha sido uno de los aspectos institucionales en los que el Ecuador ha mejorado notablemente durante la Revolución Ciudadana. El propio Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Roberto Caldas, ha afirmado recientemente [9] que la reforma judicial implementada tras la aprobación en consulta popular en 2011 por iniciativa de Correa ha sido la más importante en los últimos años a nivel mundial. Entre los aspectos más destacados se encuentran la reducción del tiempo de letrados judiciales y la prescripción de las penas, que no existan más caducidades en el proceso penal y la garantía de que todo crimen será penado. Por su parte, el Presidente Correa en su último informe a la Nación destacó que en los últimos 9 años el Estado había ahorrado 138 millones de dólares con el nuevo sistema judicial, al incorporar las audiencias virtuales. Destacó, asimismo, la construcción de nueva infraestructura penitenciaria y de centros de Rehabilitación Social y la celeridad en la administración de justicia a partir de la implementación de la oralidad en los procesos, entre otros aspectos [10].
El Programa 2017-2021 destaca estos avances y promueve nuevos ejes de fortalecimiento para el sistema: el primero alude a las garantías de respeto a los derechos humanos en las fronteras, especialmente con la de Colombia; el segundo destaca la voluntad de combatir y erradicar los tres grandes negocios ilícitos: tráfico y trata de personas y tráfico de armas, así como el microtráfico y el consumo juvenil de drogas. Finalmente, se promueve una concepción de seguridad basada en la participación de la comunidad, la transparencia y la agilidad y la aplicación de tecnología innovadora para la seguridad.
Revolución Urbana y de los Territorios
Coloca el énfasis en la necesidad de lograr la equidad territorial mediante la mejora de la calidad de vida de las localidades. Conjuntamente con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), se promoverá la recuperación de espacios públicos, el control de la contaminación y el acceso a una vivienda digna, entre otros. El caso de Guayaquil destaca en este punto por el tráfico de tierras y las invasiones: en el 2012, se reportaban 15 casos de asentamientos humanos irregulares. Solo en Monte Sinaí, territorio desconocido por la alcaldía que no lo considera parte de los límites geográficos del cantón, tiene aproximadamente 1.200 hectáreas donde habitan 274.000 personas [11].
La construcción de viviendas de interés social dotadas de distintos servicios básicos es una de las prioridades. Asimismo, se promoverá el uso racional del suelo para una distribución correcta de los espacios y se regulará con mayor énfasis el mercado del suelo. También se prevé un plan de mejora de barrios y el fortalecimiento de organismos de desarrollo local, como los GAD y el MIDUVI. Para el ámbito rural se busca fortalecer las centralidades rurales apoyando la economía rural circundante.
Revolución de la Soberanía y la Integración
La Revolución de la Soberanía y la Integración impulsará el fortalecimiento de los organismos de integración regional, particularmente la UNASUR y la CELAC y de los mecanismos de cooperación sur-sur, sobre todo en los aspectos comerciales. Se prevé la construcción de un plan regional que agrupe a los representantes de los Ministerios de Agricultura, Energía, Minas, Comercio, entre otros, para generar estrategias de intercambio de recursos que tiendan a la complementariedad agrícola entre países. Esta Revolución también destaca la necesidad de concretar proyectos de integración hoy estancados como el Banco del Sur y el Fondo del Sur. Asimismo, se busca impulsar la creación de un portal de noticias latinoamericano para contrarrestar el cerco informativo de los grandes monopolios mediáticos nacionales e internacionales, proyecto en el que destaca el apoyo al fortalecimiento de Telesur.
Revolución de la Juventud
Por último, en lo que respecta a la Revolución de la Juventud, si bien se reconoce que es un actor protagonista de la nueva sociedad, los ejes sobre los cuales versa esta revolución solo se reducen a educación y empleo, que si bien son las problemáticas que aquejan a la juventud, en este punto el plan corre el riesgo de caer en una “apolitización” de los jóvenes, alejados de una propuesta de transformación social. En este sentido, está ausente en el plan cuál es el lugar que les compete a los jóvenes en el proceso de la Revolución Ciudadana y de qué manera pueden llegar a convertirse en actores protagonistas de la nueva sociedad, más allá de las becas al exterior.
Como se mencionó anteriormente, el Plan en este apartado coloca el énfasis en impulsar la participación universitaria de personas de los lugares más pobres y alejados del país, fortaleciendo la cobertura y calidad en el sector rural.
Finalmente, el plan se enfoca en la problemática de la droga. Sin embargo, el enfoque es una política represiva; “eliminaremos la venta de drogas en los colegios y esperamos erradicar el consumo juvenil de drogas a través del fortalecimiento de la política de la seguridad, pero también a través del fomento de valores sociales y familiares”. Ello en detrimento de una política de abordaje integral frente a la problemática de las drogas que afecta a los jóvenes.
Texto completo en: http://www.lahaine.org/ecuador-un-analisis-del-programaEl plan se estructura sobre 4 principios fundamentales: sociedad, educación, producción y trabajo digno. A partir de ello se desglosan las “12 Revoluciones”: Revolución Política, Revolución Ética, Revolución Económica Productiva y del Trabajo, Revolución Agraria, Revolución Social, Revolución Ecológica, Revolución del Conocimiento y las Capacidades, Revolución Cultural, Revolución de la Justicia, la Seguridad y la Convivencia, Revolución Urbana y de los Territorios, Revolución de la Soberanía y la Integración, y Revolución de la Juventud.
En conjunto, el plan de gobierno para el periodo 2017 – 2021 presenta algunas continuidades con lo que han sido el eje de las políticas públicas durante los 9 años de gobierno de la Revolución Ciudadana al mismo tiempo que presenta algunas innovaciones y orientaciones específicas.
Revolución Ética y Revolución Política
La Revolución Ética y la Revolución Política cuentan con varios aspectos que se entrelazan entre sí para dar cuerpo a dos conceptos fundamentales: el del protagonismo de la sociedad frente al del Estado y el de la democracia radical. En el primer caso, el programa parte de la premisa de que resulta insuficiente un Estado al servicio del pueblo: el pueblo precisa ser corresponsable del cambio, protagonista, y esto sólo es posible si hay más sociedad que Estado ya que, de lo contrario, cualquier cambio programático será pasajero. El poder del pueblo no sólo debe materializarse en la elección de representantes sino en el protagonismo permanente mediante su potencialidad asociativa, cooperativista y participativa. El programa promueve, además, la construcción de una corresponsabilidad de gobierno entre el sistema político y el pueblo que fortalezca el compromiso de los servidores públicos con la ciudadanía. Y, a su vez, un pueblo organizado que sienta que el Estado le pertenece como un bien público, que participe activamente, vigile y controle los asuntos de interés público.
La democracia radical que propugna el programa aglutina estos elementos del empoderamiento popular y de corresponsabilidad con la dimensión material de la práctica y de la ética democrática. Se establece claramente que “no puede haber democracia cuando la mayoría de la población no tiene opciones de elegir el tipo de vida que quiere llevar adelante. Democracia es, primero, justicia económica y social” (Página 16). Por lo tanto, radicalizar la democracia implica, también, gobernar los mercados, controlar los monopolios y regular los capitales para ponerlos al servicio del bien común y del trabajo. Así, el aparato del Estado y el pueblo organizado e integrado deben promover el acceso equitativo a los medios de producción, la redistribución y supresión de privilegios o desigualdades en su acceso. Parte de este propósito fue anunciado por el Presidente Correa en su último mensaje al pueblo ecuatoriano, destacando el Pacto Ético, necesario para una democracia saludable [1].
Revolución Económica Productiva y del Trabajo
En este campo, un punto importante es lo que se refiere al acceso democrático a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En este sentido, el plan propone conseguir que al menos el 80 % de la población cuente con acceso al uso de la tecnología 4G, dotando de acceso a Internet a 100 % de las escuelas, manteniendo sitios públicos de uso de las TIC.
Sobre ello habría que tener en cuenta que los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC) dan cuenta que para 2015 el 89,5% de los hogares poseía al menos un teléfono celular, 7,8 puntos más que lo registrado en el 2012. Mientras que el 52, 5 % de la población dispone de una computadora. Aunque solo el 32,8% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet. Aun cuando signifique el incremento de 10, 3 puntos en comparación con 2006, el acceso a internet sigue siendo desigual según se trate de espacios urbanos o rurales. Mientras que en el ámbito urbano el acceso a internet es de 41, 0%; en el ámbito rural es solo del 13, 7 % [2].
Revolución Agraria
Coloca el énfasis en la necesidad de avanzar en la diversificación productiva, mejorar el acceso a la tierra y al agua de riego y al crédito. Si bien se reconocen los avances en salud y educación, también es cierto que en las zonas rurales aún persisten agudas condiciones sociales.
De acuerdo al Censo de 2010 Ecuador cuenta con 14.483.499 habitantes. De ellos, 5.392.713 habitan en las zonas rurales. Lo que representa aproximadamente el 20 % del padrón electoral de cara a las elecciones de febrero de 20117. No obstante, en 12 de las 24 provincias del Ecuador la población rural supera a la urbana. Es el caso de Bolívar (131.849 frente a 51.792); Cañar (130.659 contra 94.525); Cotopaxi (288.235 frente a 120.970); Chimborazo (271.462 frente a 187.119); Esmeraldas (269.002 frente a 265.090); Morona Santiago (98.281 frente a 49.659); Napo (68.264 frente a 35.433); Pastaza (47.006 frente a 36.927); Tungurahua (299.037 frente a 205.546); Zamora Chinchipe (55.213 frente a 36.163); Sucumbíos (103.432 frente a 73.040); Orellana (80.468 frente a 55.928) [3].
Revolución Social
En lo que respecta a la “Revolución Social” el plan se enfoca en la política de promoción sexual y reproductiva, otorgando prioridad a la prevención del embarazo adolescente. Ello no es un tema menor en tanto en Ecuador, de acuerdo al Censo de 2010, el 18 % de todos los nacimientos provenían de mujeres entre 12 y 19 años. Ello hace que la tendencia de la fecundidad adolescente sea la más alta de la subregión Andina, llegando a 100 por 1.000 nacidos vivos.
Además, la fecundidad adolescente llega a ser hasta cuatro veces más alta entre aquellas madres que no tienen educación (43% comparadas con los de niveles educativos más altos: 11% con secundaria completa).
La “Revolución Social” también incluye acciones en contra de la malnutrición infantil. En esta problemática se han registrado avances: entre 2000 y 2010, la desnutrición crónica descendió del 30% al 23%. Si para comienzos de la década, 4 de cada 10 niños y niñas sufrían de desnutrición en las zonas rurales del país, en el año 2010 3 de cada 10 niños sufren de desnutrición. Dicha problemática afecta principalmente a los niños y niñas en situación de pobreza extrema, particularmente en las comunidades indígenas donde la desnutrición crónica y global, tienen una prevalencia de 58% y 15%, respectivamente.
Este apartado también hace referencia a la necesidad de garantizar “vivienda digna” para todos los habitantes. Al respecto, el Atlas de las Desigualdades señalaba en 2013 que las condiciones de habitabilidad del ámbito rural se encontraban en desventaja con el ámbito urbano ya que solo el 24, 4 % de viviendas cuentan con agua potable en su interior frente al 64, 5 del ámbito urbano [4].
Un informe elaborado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) [5] a fines de 2015 establecía que teniendo en cuenta las tasas de crecimiento poblacional, el déficit de vivienda estimado por nuevos hogares llegaría a un total de 2.742.247 viviendas, con mayor afectación en las ciudades más importantes tales como Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Manta, Portoviejo, Ambato, Cuenca, Machala y Loja [6].
Pero probablemente la inclusión más significativa en la Revolución Social sea la de luchar por la erradicación de toda forma de violencia hacia mujeres, niñas y niños. En este sentido, la última Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres realizada en 2011, determinó que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún episodio de violencia de género, sobre todo de violencia psicológica (53,9 % de las mujeres) [7].
Revolución Ecológica
El Programa se compromete a defender el Derecho de los y las ecuatorianas a vivir en un ambiente sano y compatible con la vida, entendiendo que la Naturaleza no es una mercancía, sino que está por encima de la economía. Los compromisos establecidos en el plan consisten en utilizar los recursos de manera sostenible y proteger la biodiversidad, integrando la Naturaleza a una economía solidaria que respete el medioambiente. Además, se propone la utilización de tecnologías ambientalmente limpias, la ampliación de la eficiencia energética y de las energías renovables, así como la prevención, control y mitigación de la contaminación. Todos estos propósitos tendrán buenos resultados si, además, se mejora la capacidad institucional para contar con estadísticas ambientales completas y actualizadas.
Ya en el ámbito internacional, el Programa promueve tres medidas: la que contribuye a saldar la deuda ecológica entre los países ricos y los países pobres mediante el pago de los primeros a los segundos por evitar las emisiones de dióxido de carbono; la conocida como Daly-Correa, que establece un gravamen del 3% la producción de crudo de los países de la OPEP y la que promueve la creación de una Corte Penal Internacional de Justicia Ambiental. La misma permitiría juzgar a los ciudadanos que representen las empresas multinacionales acusadas de estos delitos ambientales de lesa humanidad y su captura, en caso de rebeldía, sería inevitable sin importar si el país poderoso es firmante del tratado que crea el Tribunal [8]. Este tipo de medidas están dirigidas a mejorar la calidad medioambiental y revertir las desigualdades internacionales en la materia.
Revolución del Conocimiento y las Capacidades
El plan reconoce que Ecuador ha sido el país que más invierte en educación superior en toda la región. Entre 2007 y 2016, la inversión pública en educación superior pasó del 1 al 2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implica casi 14 mil millones de dólares. De esta forma, Ecuador presenta un gasto público en educación superior como porcentaje del PIB superior al de Argentina (1,0%), Brasil (1,0%), México (0,9%), Colombia (0,9%) y Uruguay (1,2%)
.
Pese a ello, aún persiste la brecha de desigualdad en el acceso a la educación superior: en 2001, en el ámbito urbano el acceso era de 33, 9 % y en 2010 fue de 50, 9 %. Mientras que, en el ámbito rural, si en 2001 era solo de 8,2 % en 2010 llegó a 19, 0 %.
En lo que respecta a escolarización básica la cobertura es de casi el 95 %. Es decir, no existen brechas de acceso a la educación básica entre las áreas urbanas y las rurales como tampoco entre hombres y mujeres o debido a la pertenencia étnico – cultural. Sin embargo, este porcentaje disminuye al 55 % cuando se trata de la tasa neta de escolarización de bachillerato de 15 a 17 años: en el ámbito urbano, la tasa es de 62 %, en lo rural es solo del 44 %.
Aunque también es cierto que ha habido avances durante estos 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana: en lo que respecta al ámbito urbano, en 2001 la tasa neta de asistencia al bachillerato era de 47, 9% y en 2010 fue de 67, 9%. Mientras que, en el ámbito rural, si en 2001 era solo de 23, 2% en 2010 llegó 48, 5 %. Sin embargo, aún persisten las diferencias debido a la pertenencia étnico-cultural: la media nacional de asistencia al bachillerato es del 60,6%. Pero si se considera la población indígena la cifra desciende 16 puntos y 11 entre la afroecuatoriana.
El plan también menciona la necesidad de evitar la deserción escolar, teniendo en cuenta que entre los 15 y los 18 años de edad, la matrícula escolar desciende al menos en un 30 %.
Revolución Cultural
En este campo, el plan se refiere a la necesidad de avanzar en la democratización del acceso a frecuencias y evitar el monopolio de la propiedad de los medios de comunicación. La Ley Orgánica de Comunicación (LOC), vigente desde el mes de junio de 2013, contiene 119 artículos y 24 disposiciones transitorias. Uno de sus puntos principales es la distribución equitativa de frecuencias del espectro radioeléctrico: 33% para los medios públicos, 33% para los privados y 34% para los medios comunitarios. Para abril de 2015, de 1.419 medios registrados en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación (CORDICOM) solo el 4% eran medios comunitarios.
Revolución de la Justicia, la Seguridad y la Convivencia
En el caso de la “Revolución de la Justicia, la Seguridad y la Convivencia”, es necesario tener en cuenta que la Justicia ha sido uno de los aspectos institucionales en los que el Ecuador ha mejorado notablemente durante la Revolución Ciudadana. El propio Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Roberto Caldas, ha afirmado recientemente [9] que la reforma judicial implementada tras la aprobación en consulta popular en 2011 por iniciativa de Correa ha sido la más importante en los últimos años a nivel mundial. Entre los aspectos más destacados se encuentran la reducción del tiempo de letrados judiciales y la prescripción de las penas, que no existan más caducidades en el proceso penal y la garantía de que todo crimen será penado. Por su parte, el Presidente Correa en su último informe a la Nación destacó que en los últimos 9 años el Estado había ahorrado 138 millones de dólares con el nuevo sistema judicial, al incorporar las audiencias virtuales. Destacó, asimismo, la construcción de nueva infraestructura penitenciaria y de centros de Rehabilitación Social y la celeridad en la administración de justicia a partir de la implementación de la oralidad en los procesos, entre otros aspectos [10].
El Programa 2017-2021 destaca estos avances y promueve nuevos ejes de fortalecimiento para el sistema: el primero alude a las garantías de respeto a los derechos humanos en las fronteras, especialmente con la de Colombia; el segundo destaca la voluntad de combatir y erradicar los tres grandes negocios ilícitos: tráfico y trata de personas y tráfico de armas, así como el microtráfico y el consumo juvenil de drogas. Finalmente, se promueve una concepción de seguridad basada en la participación de la comunidad, la transparencia y la agilidad y la aplicación de tecnología innovadora para la seguridad.
Revolución Urbana y de los Territorios
Coloca el énfasis en la necesidad de lograr la equidad territorial mediante la mejora de la calidad de vida de las localidades. Conjuntamente con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), se promoverá la recuperación de espacios públicos, el control de la contaminación y el acceso a una vivienda digna, entre otros. El caso de Guayaquil destaca en este punto por el tráfico de tierras y las invasiones: en el 2012, se reportaban 15 casos de asentamientos humanos irregulares. Solo en Monte Sinaí, territorio desconocido por la alcaldía que no lo considera parte de los límites geográficos del cantón, tiene aproximadamente 1.200 hectáreas donde habitan 274.000 personas [11].
La construcción de viviendas de interés social dotadas de distintos servicios básicos es una de las prioridades. Asimismo, se promoverá el uso racional del suelo para una distribución correcta de los espacios y se regulará con mayor énfasis el mercado del suelo. También se prevé un plan de mejora de barrios y el fortalecimiento de organismos de desarrollo local, como los GAD y el MIDUVI. Para el ámbito rural se busca fortalecer las centralidades rurales apoyando la economía rural circundante.
Revolución de la Soberanía y la Integración
La Revolución de la Soberanía y la Integración impulsará el fortalecimiento de los organismos de integración regional, particularmente la UNASUR y la CELAC y de los mecanismos de cooperación sur-sur, sobre todo en los aspectos comerciales. Se prevé la construcción de un plan regional que agrupe a los representantes de los Ministerios de Agricultura, Energía, Minas, Comercio, entre otros, para generar estrategias de intercambio de recursos que tiendan a la complementariedad agrícola entre países. Esta Revolución también destaca la necesidad de concretar proyectos de integración hoy estancados como el Banco del Sur y el Fondo del Sur. Asimismo, se busca impulsar la creación de un portal de noticias latinoamericano para contrarrestar el cerco informativo de los grandes monopolios mediáticos nacionales e internacionales, proyecto en el que destaca el apoyo al fortalecimiento de Telesur.
Revolución de la Juventud
Por último, en lo que respecta a la Revolución de la Juventud, si bien se reconoce que es un actor protagonista de la nueva sociedad, los ejes sobre los cuales versa esta revolución solo se reducen a educación y empleo, que si bien son las problemáticas que aquejan a la juventud, en este punto el plan corre el riesgo de caer en una “apolitización” de los jóvenes, alejados de una propuesta de transformación social. En este sentido, está ausente en el plan cuál es el lugar que les compete a los jóvenes en el proceso de la Revolución Ciudadana y de qué manera pueden llegar a convertirse en actores protagonistas de la nueva sociedad, más allá de las becas al exterior.
Como se mencionó anteriormente, el Plan en este apartado coloca el énfasis en impulsar la participación universitaria de personas de los lugares más pobres y alejados del país, fortaleciendo la cobertura y calidad en el sector rural.
Finalmente, el plan se enfoca en la problemática de la droga. Sin embargo, el enfoque es una política represiva; “eliminaremos la venta de drogas en los colegios y esperamos erradicar el consumo juvenil de drogas a través del fortalecimiento de la política de la seguridad, pero también a través del fomento de valores sociales y familiares”. Ello en detrimento de una política de abordaje integral frente a la problemática de las drogas que afecta a los jóvenes.
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