Los dos enemigos del pueblo son los criminales y el gobierno, así que atemos a los segundos con las cadenas de la Constitución para que no se conviertan en la versión legalizada de los primeros. - Ninguno conocido.
Argentina: del lawfare a la neocolonia fascista
Por
Claudia Rocca: La jurista Claudia Rocca analiza la estrategia del
imperialismo en Nuestra América que socava las bases democráticas de los
Estados afectados al comprometer la capacidad de autodeterminación y
promover la subordinación a agendas externas.
En los
últimos meses en nuestra región el rol del poder judicial ha sido
protagónico: desde el lawfare orquestado contra la expresidenta de
Argentina hasta las históricas condenas contra expresidentes de la
extrema derecha regional, como Álvaro Uribe Vélez en Colombia y Jair
Bolsonaro en Brasil. Sin embargo, vale la pena aclarar que, muy por el
contrario de lo que intenta instalar la prensa hegemónica sobre la
similitud de los casos de lawfare con los de justicia por delitos
comprobados, ambos responden a naturalezas muy diferentes. Para
comprender mejor el lawfare como estrategia del imperialismo en Nuestra
América, pedimos a Claudia Rocca de la Asociación Americana de Juristas
una contribución a este debate:
«El
lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática, que
responde a intereses económicos, políticos y geopolíticos. Involucra a
jueces, fiscales, corporaciones de la comunicación, periodistas y
líderes de opinión, policías, funcionarios de embajadas y agentes de
inteligencia, tanto locales como extranjeros.
Se
caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas
y veredictos construidos sin respetar el debido proceso judicial,
mediante acoso y desmoralización a través de los medios de comunicación.
Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes,
persecución y amenazas a familiares, obligando a situaciones de exilio y
refugio político, manipulación y propagación de miedo en los
involucrados en determinados procesos políticos.
En
los últimos años, estas tácticas han sido utilizadas contra decenas de
líderes políticos y/o exfuncionarios/as de gobiernos en Argentina,
Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Perú y El Salvador, vinculados a
gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor
alcance la ortodoxia neoliberal.
Esta
guerra opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que se
coloca por encima del poder legislativo y del ejecutivo, ampliando el
margen de maniobra y poder para los jueces, quienes se involucran en
operaciones políticas, desencadenando la pérdida de equilibrio entre
poderes, permitiendo una creciente “juristocracia” y normalizando en
muchos casos el doble rasero de la ley. Este proceso histórico de
reposicionamiento del poder judicial por sobre los demás, es
característico del neoconstitucionalismo, orden jurídico predominante en
buena parte de Europa y América Latina en las últimas décadas.
El
encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos
judiciales, se articula con un rol protagónico de los medios de
comunicación, que operan para la criminalización de sectores o líderes y
lideresas políticos. Se suman voces de “especialistas”, muchas
provenientes de “centros de pensamiento de expertos” de EE. UU., a
quienes se les atribuye una pretendida “fuerza de verdad” en los
principales medios y redes sociales.
Es
llamativo el rol que juegan agencias del gobierno estadounidense como
la USAID y otras, así como intereses del sector privado estadounidense:
ambos están involucradas tanto en los procesos judiciales como en los
resultados y eventos posteriores a los mismos, que muestran la
instrumentalización del aparato judicial-mediático a favor de objetivos
económicos, políticos y geopolíticos foráneos, que comparten intereses y
negocios con minorías privilegiadas locales.
Pero
este mecanismo no se agota en los ámbitos internos de los países. Para
aquellas naciones en las cuales el nuevo poder económico occidental no
ha logrado horadar los procesos políticos nacionales y soberanos,
aplican las mismas recetas utilizando el sistema internacional de flujo
de divisas, los aranceles y rutas comerciales, los sistemas de
prevención de lavado de dinero, los sistemas de control migratorio, con
vías de sanciones y medidas coercitivas unilaterales, con cargos y
acusaciones, solo basadas en decisiones de oficinas administrativas y,
por tanto, son meras decisiones políticas de la administración
estadounidense.
Varias
publicaciones del ámbito militar consideran que el lawfare es uno de
los componentes de nuevas guerras “no convencionales”, como la guerra
híbrida. Guerra que puede ser ejercida por actores estatales o no
estatales, que actúan con todas las modalidades del espectro de este
tipo de guerra, considerando las capacidades militares convencionales,
tácticas y unidades de combate no convencionales, u otras acciones
terroristas, planificación del caos mediante hechos de violencia,
ciberguerra, guerra financiera o mediática.
Bastará
invocar lo “no legal” de las leyes/normas de otros Estados, que no se
apegan al canon occidental, para que sean catalogadas como violentas
(“amenaza inusual y extraordinaria”), pretendiendo legitimar así ataques
que hoy cobran dimensiones múltiples.
Si
bien, como hemos dicho, el lawfare constituye una herramienta utilizada
desde el Estado, el gobierno o desde minorías privilegiadas a nivel
local, también lo es a nivel transnacional, implementada desde el norte
global.
Para
las naciones que se someten, este es el núcleo de las relaciones
coloniales y de dependencia exacerbadas con la expansión del
capitalismo. En el marco de esta desigual relación, EE. UU. y sus
aliados reorganizan el escenario a favor de los intereses de una red
transnacional de poder, creando una suerte de “orden jurídico legítimo”;
y definen el alcance de su jurisdicción, desconociendo la soberanía de
los estados más débiles que no tienen capacidad de imponer su ley por la
fuerza o de ejercer resistencia.
La
jurisdicción no es simplemente una regla, sino que determina qué reglas
se aplicarán, dónde, cómo y quiénes lo harán. Allí radica el poder de
sometimiento del centro de poder occidental sobre nuestros países
latinoamericanos, vehiculizado a través del lawfare.
La
instalación de esta “juristocracia” ha tenido como consecuencia la
judicialización de la gran política y de la democracia, pues al
deslegitimar y neutralizar a lideresas y líderes políticos incómodos
para ciertos intereses económicos y geopolíticos no solo afectaron a las
y los individuos directamente implicados, sino que socavaron las bases
democráticas de los Estados afectados, comprometiendo su capacidad de
autodeterminación y promoviendo la subordinación a agendas externas.
El caso argentino
La
persecución judicial de los líderes y las lideresas políticos y
sociales en la Argentina viene desarrollándose desde el final de la
última gestión de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, momento en
el que comienzan a tomar protagonismo personajes que desfilaban por los
medios de comunicación, denunciando la supuesta corrupción de las y los
funcionarios kirchneristas, sin argumentos probatorios, pero con una
gran espectacularidad e impacto que les brindaban los medios de
comunicación masivos. Los ataques tenían especial epicentro en la figura
de la primera mandataria, e incluso llegaron a instalar la idea de que
ella era la autora intelectual de la muerte del fiscal Nisman, a pesar
de que toda la prueba recabada en la investigación dio cuenta que se
trató de un suicidio.
El
fuero penal federal, junto con otros altos funcionarios del Poder
Judicial, se convirtió en el principal partido de oposición. Este
proceso fue determinante para el triunfo de Mauricio Macri, cuya gestión
sumió al país en un proceso de desindustrialización, concentración de
riquezas a través de la especulación financiera, entrega de recursos
estratégicos, debilitamiento de la capacidad del Estado, mientras se
multiplicaban las causas que criminalizaron al kirchnerismo en
particular, y a las y los líderes sociales del campo popular en general.
Milagro Sala es el ejemplo más paradigmático. En la última parte de su
mandato, Macri contrajo en tiempo récord un endeudamiento formidable.
Los casi 50.000 millones de dólares otorgados por el FMI en forma
absolutamente irregular son parte del monto que se fugó del país a
posteriori.
Fruto
de la evidente inviabilidad de dicho programa de gobierno y del
deterioro social y económico causado, en el 2019 el peronismo ganó las
elecciones presidenciales. Pero, claramente, no obtuvo el poder. El
lawfare no cedió ni un ápice.
Una
de las causas emblemáticas es sin duda la llamada causa “Vialidad”, en
la que se condenó a 6 años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner
por la comisión del delito de administración fraudulenta. En el marco
de dicho proceso se han violado las garantías de defensa en juicio,
emanadas del artículo 380 del Código Procesal Penal de la Nación, con
base en el artículo 18 de la Constitución Nacional y reforzado por los
tratados componentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos;
se han violentado el elenco de reglas sobre la conducta judicial
conocido como Principios de Bangalore (adoptado por el Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas en su Resolución E/CN.4/2003/65/Anexo
de noviembre de 2002, aprobado formalmente el 10 de enero de 2003),
atento la pública y notoria falta de imparcialidad del sentenciante y
sus evidenciados vínculos con la fiscalía. En la arbitrariedad judicial
manifestada en los procedimientos seguidos contra la vicepresidenta se
observan los mismos patrones persecutorios que en las proscripciones
políticas de los demás líderes latinoamericanos, y ello se aprecia
claramente a partir de una sentencia que en nada se relaciona con la
prueba producida en el expediente, donde no ha sido incorporado ningún
elemento que acrediten las conductas que se le atribuyen a la
exmandataria.
Luego
de una confirmación por parte de la Cámara de Casación —que no atendió a
ninguno de los argumentos antes señalados—, en solo dos meses la Corte
Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena —mientras las
demás causas aguardan años e incluso décadas—. Con el ya habitual
anuncio previo y preciso de los medios, el inconstitucional fallo logró
el propósito acuñado desde el inicio: la proscripción de Cristina.
Podemos
afirmar que el lawfare fue un factor central en el acceso al gobierno
de Javier Milei, personaje con características siniestras, impulsado y
sostenido por tres centros de poder económico: el financiero
especulativo y de inversión en recursos estratégicos (como la JP Morgan,
BlackRock, y otros), los grupos denominados “señores tecnofeudales”
—amos de la las redes— y los medios de comunicación.
A
partir de su asunción, Milei llevó adelante un proceso de
desmantelamiento del Estado; vaciamiento de las políticas públicas para
el desarrollo, de derechos humanos, de inclusión, de género y
diversidad, en el marco de un proceso de devastación económica; el
despliegue de medidas represivas con la expansión de las fuerzas y
órganos de seguridad, destinado a acallar la protesta social ante el
vaciamiento de un sistema estatal para la efectiva protección de los
derechos económicos sociales y culturales; y el empobrecimiento brutal
de la población.
Se
produjeron despidos masivos, mientras se privatizan empresas, recursos
estratégicos y otros bienes públicos. El intento de suprimir los
derechos laborales, combinado con la persecución a las organizaciones
sindicales, sociales y de economía popular —denuncias penales, quita de
los alimentos y otras prestaciones garantizadas por programas sociales
que fueron abruptamente descontinuados— dan cuenta de un proyecto
político de acumulación en favor de los sectores concentrados de la
economía y la especulación financiera. En el marco de un proceso
inflacionario, por la desregulación de los factores económicos
esenciales como servicios, prestaciones y precios en general, se produjo
una abrupta pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el aumento
de la desocupación y la pobreza.
En
2024, las pequeñas y medianas empresas contabilizaron una pérdida de
más de 217.000 puestos de trabajo y el cierre de 9.923 empresas, según
informó Industriales Pymes Argentinos (IPA). Los sectores más afectados
fueron la construcción y la industria, con 69.738 y 25.186 puestos
menos, respectivamente. En el sector público, entre noviembre de 2023 y
mayo de 2025 se eliminaron más de 180.000 puestos de trabajo. Se produjo
un aumento del trabajo informal y condiciones laborales de
semi-esclavitud.
La
pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, producto del cambio en la
política económica implementada por el actual gobierno, representó la
mayor caída mensual de los últimos 30 años (8,4 por ciento interanual en
el poder adquisitivo).
Hubo
una contracción del consumo de mayor magnitud tanto en las ventas de
supermercados y autoservicios, como en comercios minoristas de distintos
rubros. En el 2025, la inflación está cediendo, solo fruto de una
recesión económica y deterioro de todos los factores, sin precedentes.
Las consecuencias en términos humanos son hoy evidentes y alarmantes.
Este
acelerado proceso de devastación fue acompañado de una práctica y
retórica fascista, trasuntando desprecio por la condición humana, una
concepción supremacista, patriarcal y el más servil e indigno
sometimiento a los intereses de Estados Unidos y al gobierno genocida
sionista de Israel, vociferado por el presidente argentino.
A
modo de conclusión, podríamos ensayar a estas alturas una definición
del fascismo en el siglo XXI como una práctica social que se manifiesta a
través de movimientos políticos, impulsados por el nuevo poder
económico imperante en Occidente, que utilizan el odio y la polarización
como estrategias para socavar la democracia liberal, romper con el
orden social y el Estado de derecho. Instalan así regímenes autoritarios
y nepotismo, con programas económicos que propician acelerados procesos
de concentración de riquezas, en beneficio de los grupos
transnacionales a los que responden y favoreciendo la especulación
financiera. Sus consecuencias son la destrucción de las organizaciones
sociales, la exclusión de grandes mayorías, la devastación económica y
la represión como método de control social.
El
ejemplo argentino —como tantos otros— nos demuestra que la sumisión al
actual poder económico occidental representado por Estados Unidos solo
trae consecuencias infinitamente más trágicas que el costo de
resistirlo. No solo no hay ningún beneficio ni misericordia: nos deja
sin horizonte y sin futuro. Por ello, ceder o someterse no es opción
para un pueblo soberano».
Claudia
Rocca es presidenta de la rama argentina y vicepresidenta segunda
continental de la Asociación Americana de Juristas, abogada, profesora
universitaria especialista en Derecho Público y en Derecho Económico.
