Comunicado de CAS ante el anuncio del gobierno de compra de vacunas a laboratorio privado.
Desde hace tiempo se está evidenciando la distorsión que el capitalismo introduce en el conocimiento científico y en especial a la llamada «medicina basada en la evidencia» 1 . Poderosos intereses económicos deciden qué se investiga, qué se fabrica y qué no, privando a la humanidad de avances que su propio desarrollo podría ofrecerles. La determinación ejercida por el objetivo prioritario del lucro empresarial, que se paga con millones de muertes prematuras y enfermedades evitables, afecta decisivamente a la producción de medicamentos 2 . Como se viene denunciando repetidamente, incluso se inventan nuevas patologías – es decir, se etiquetan enfermedades inexistentes – para poder prescribir determinados medicamentos, especialmente en la enfermedad mental 3 .
Es bien sabido que una de las consecuencias esperadas de la pandemia, es el colosal negocio para las multinacionales farmacéuticas derivado de la compra de millones de dosis de vacuna.
Ahora, gigantes empresariales que exhiben anualmente unos márgenes de beneficios que superan con creces a los de la banca, ni siquiera tendrán que arriesgar sus inversiones. El dinero público de los estados de la UE, entre ellos el español, compra por adelantado millones de dosis de vacuna. Y lo hace antes de que se haya demostrado la validez, eficacia y seguridad de la misma.
A mediados de junio el Ministro de Sanidad anunciaba la adhesión de España al Acuerdo de Compra Anticipada de Vacunas 4 contra la COVID 19. Mediante dicho acuerdo, la UE decidió invertir gran parte de los 2.700 millones de euros del Instrumento de Apoyo a Emergencias, para «aportar al despliegue de la vacuna». Es decir, se acordó financiar por anticipado su producción.
La carrera entre las grandes farmacéuticas la ha ganado por ahora la británica AstraZeneka que ha recibido de la UE 1.200 millones de euros por 300 millones de dosis.
Es llamativo que el acuerdo de financiación y el desembolso del dinero se haya producido cuando aún no ha culminado la fase III, mientras llovían las críticas por la presentación de la vacuna rusa exactamente en las mismas condiciones.
Por otra parte, tanto AstraZeneka como otras multinacionales han conseguido de los gobiernos de la UE a los que suministrará la vacuna, no sólo asegurarse indemnizaciones en el caso de que las empresas sean condenadas a pagar por posibles efectos secundarios de la vacuna 5 .También están tratando de conseguir ser eximidas por completo de responsabilidad civil.
Ante una grave situación en la que como ha sucedido en otras ocasiones, el poderoso lobby del medicamento conseguirá fabulosos beneficios (aprovechando la angustia y el miedo de la población ante la enfermedad y la muerte -inoculado desde los medios de comunicación a grandes dosis-), la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad:
Cómo las grandes farmacéuticas se beneficiarán del coronavirus.
Denuncia que el resultado de la investigación biomédica realizada con fondos públicos en el Estado español (que se ha reducido un 25% en los últimos diez años) se transfiere sistemáticamente a la empresa privada 6. De esta forma, y una vez más, el desmantelamiento o la parasitación de lo público, deja a la sanidad sin instrumentos propios y favorece el colosal negocio de la empresa privada.Afirma que el dinero público abonado a multinacionales farmacéuticas por vacunas aún sin testar y en detrimento de instituciones públicas, supondrá recortes en otros servicios, especialmente graves en momentos de una crisis sanitaria, social y económica como la que vivimos.Valora que, cuando se adoptan decisiones contra natura como la que analizamos, suele suceder que años más tarde se descubre que las empresas beneficiadas han sobornado a quienes estaban implicados en tales resoluciones.Recuerda que, como se ha sabido después, los miembros del comité de expertos de la OMS sobre la gripe A, estaban financiados por las multinacionales Roche y Glaxo, fabricantes respectivamente del Tamiflú y Relenza. De esa forma se ocultó que esos fármacos eran ineficaces contra el virus H1N1 y además producían importantes efectos secundarios no declarados. La OMS instó a los gobiernos a invertir en estos medicamentos cerca de 5.000 millones de euros en 2009, justo cuando se iniciaban los drásticos recortes en servicios públicos por el estallido de la crisis. En el Estado español, los millones de envases de ambos fármacos comprados por la ministra de sanidad Trinidad Jiménez (para el tratamiento de supuestos 12 millones de casos) caducaron en los almacenes 7, según informe de 2017. Además se gastaron cerca de 300 millones de euros en vacunas contra una epidemia que nunca existió. Los laboratorios implicados facturaron 700.000 millones de dólares al año.
Por todo ello, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad exige que:
De forma inmediata se constituya un comité científico con acreditada independencia de la industria farmacéutica, que evalúe la validez, eficacia y seguridad de las vacunas disponibles, incluidas las producidas por instituciones públicas de otros países.Se tomen las medidas necesarias para fortalecer la investigación pública, asegurando su independencia del capital privado. Y que se cree una industria farmacéutica pública capaz de fabricar los medicamentos considerados como esenciales por la OMS, entre ellos, las vacunas.
CAS, septiembre de 2020
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